Menciona Manolo Saco en su blog que el PP esconde la mano (tira la piedra y se abstiene) frente a las políticas de izquierda en bisolvón de Zapatero. Hay que hacer un poco de memoria. En uno de los pilares de la actual crisis como es la dependencia de la construcción, hay que recordar que se viene tirando por el mismo carril desde tiempos inmemoriales. Los ellos y los nuestros. Repasemos.

La ciudad del siglo XIX tiene que romper con la congestión. Los dos focos de crecimiento urbano (Barcelona y Madrid) han de salir de las viejas murallas y sus ingenieros (el urbanismo del XIX es de ingenieros, qué le vamos a hacer) cuadriculan el territorio. Ideas fantásticas como las de Ildefonso Cerdá, buenos propósitos para lo que podía exigírsele a la tecnocracia burguesa, y empiezan a buscarse las bases sobre las que asentar la higienización de la urbe. Pero las bases son, ni más ni menos, las tierras que los hacendados de cada ciudad poseen a las afueras.

Se opta por la resolución de los volúmenes edificables, la consecución de patrones de espacio público y viario decentes, pero no se articula nada para el justiprecio del coste de hacer ciudad. Bueno, vamos a ver, ‘justiprecio’ es un concepto elástico. El precio que los propietarios piden ‘en justicia’ es uno. El valor, otro. Y la solución intermedia puede tirar hacia el beneficio del producto o el beneficio del propietario. En 1870 no ibamos a pedir peras al olmo y la cosa quedó en que salieron ganando los de siempre.

 Cambio de siglo, cambio de premisas. La Ley del suelo de 1956 ahonda la brecha. Los modos de compensar a los propietarios del suelo se consolidan. No triunfan, calculo, las tesis más sociales de la iglesia franquista, y se beneficia la clase media alta del empresariado que iba a Chamartín a animar al Madrid (¡Villaratoooo!) y se consigue mantener la hinchazón de volúmenes y, sobre todo, que los réditos de la producción de nueva ciudad sigan cayendo en el agente del suelo, y no rebajando el coste final del pisito. Añádase que los Lorenzo Sanz, los Banús, los halcones, vaya, conseguían exprimir las líneas políticas y los márgenes para suelo de titularidad pública quedaban sin cumplir: los espacios verdes, las obras de urbanización o alcantarillado, en casi todos los casos eran esquivadas. Estamos ya en el desarrollismo fascista moderno y, de acuerdo, seamos sensatos, tampoco iban a cambiar mucho los tintes.

 Pero llega un equipo de jóvenes arquitectos formados fuera de España y reniegan del sistema. Sesos enormes como Garcia-Bellido se encargan de reformar lo que les dejan y surgen dos hornadas de leyes de suelo. Una al final del 76, efervescente, y una en 1990, bajo mando socialista. ¿Qué ocurre? Que se delimitan mejor las clases de suelo, las calificaciones famosas, las cesiones obligatorias de un tanto por ciento para uso público, pero existe un retraso de cojones. En apenas 10 años hay que llenar los Alcorcones de colegios, los Alcobendas de parques, los Hospitalets de ambulatorios. Por otro lado, la subida sin final del producto y una coyuntura positiva hacen que nadie se preocupe de qué pasará si se mantiene el daño que venimos arrastrando desde el siglo XIX. El propietario del suelo manda sobre la actuación. Es más, el propietario se agrupa en empresas o vende a las mismas, y éstas actuan como monopolio ‘indicando’ amablemente a la ciudad por dónde convendría crecer. Al final todo da lo mismo. El suelo de la ciudad es propiedad de los mismos halcones de los años 60.

¿Expropiación? El régimen de compensaciones es visto por los jueces más conservadores como perverso. El miedo al modelo comunista se airea y los jurados de expropiación se llenan de sentencias usando el método de ‘pues si a ese le dieron x, a mí me toca lo mismo’, estabilizando la única vía de escape, la actuación pública en vivienda. ¿Malos jueces fachas y pobres ayuntamientos de izquierda? Ni de coña. Las ciudades ven que, a base de ingresar un 10% o un 15% de cesión en edificabilidad, más las tasas que generan las nuevas constrcciones y barrios, es más rentable promover ‘ciudaes de calidad’ y participar también del periodo de bonanza. Más y mejores ciudadanos, más y mejores rentas y mayores ingresos de unas arcas municipales que no participan de la redistribución de la fiscalidad del país. Todos miran hacia un lado y exponen que la financiación municipal está en juego. Our fucking shit is at stake. 

Mil novecientos noventa y siete. El empuje del PP logra que el Tribunal Constitucional derogue lo avanzado en 1990. No es mucho, pero se da carta de estabilidad al modelo del ladrillo, de la financiación pública mediante el crecimiento de la ciudad en extensivo, se instala el concepto de ‘liberalización del suelo’ y muchos votantes y practicantes de la política respiran. El que no vende sus tierras para pisos, vende 3 pisos y alquila otros 3. El que no, recibe comisiones en negro o sanea los sueldos de los jardineros municipales. El usuario final del piso sigue teniendo para pagar, bien en blanco bien en negro. Los fondos de financiación bancarios participan de todo ello, y todo cristo deja la papeleta a la siguiente generación.

 Lo que pasa es que las cosas ahora viven ciclos más veloces. Las generaciones no duran 40 años. Esto ya no es el Ensanche del Madrid de 1838. Eso sí, siguen mandando los mismos.: ni tú ni yo. Brother.

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